La AIReF estima que la deuda pública se disparará al entorno del 120% del PIB, lo que requerirá una década completa de ajustes y otra de equilibrio presupuestario
La crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus está rodeada de incertidumbre. Es imposible precisar la magnitud de la caída del PIB, la duración de la recesión e incluso la intensidad de la recuperación. Pero si hay algo que está claro es que será muy cara para las cuentas públicas. La deuda pública se disparará en los próximos años como consecuencia del aumento del déficit público y la caída del PIB, una situación que complicará más la delicada situación de España.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estima que será necesario un fuerte ajuste fiscal y dos décadas de equilibrio presupuestario para recuperar el nivel de deuda pública previo a la crisis del coronavirus. Ya no es suficiente con tener un déficit inferior al 3% para rebajar la deuda, sino que el esfuerzo requerido es significativamente superior. La única opción de evitar este escenario es que se produzca un salto de la productividad o de la inflación que lleve a fuertes crecimientos nominales del PIB que rebajen el stock de deuda.
En resumen, será necesario que los próximos gobiernos de España tengan una elevada responsabilidad en la gestión de las cuentas públicas, algo que no ha ocurrido en los últimos años, ya que han elevado el déficit estructural nuevamente hasta el umbral del 3% del PIB. La AIReF estima que la deuda pública se disparará por encima del 115% del PIB este año. Pero no se quedará ahí: seguirá escalando en los años posteriores, ya que el déficit tardará casi una década en volver al nivel de 2019 siempre que se hagan ajustes presupuestarios.
La vuelta al punto de partida será larga y exigirá tantos esfuerzos por varios motivos En primer lugar, porque la recuperación tardará en completarse, al menos, dos años, lo que mantendrá en funcionamiento los estabilizadores automáticos (más gasto y menos ingresos). En segundo lugar, porque el gasto público seguirá sufriendo presiones al alza, en especial por las pensiones como consecuencia del envejecimiento de la población y de la recuperación de la indexación al IPC. Por último, España tendrá que financiar toda la nueva deuda, lo que supondrá un importante gasto en intereses.
Todos estos factores harán que sea necesario un fuerte ajuste presupuestario posterior a la pandemia para embridar el déficit público. La AIReF prevé que será necesario un esfuerzo similar al realizado tras el rescate financiero a España de 2012, equivalente a 0,9 puntos del PIB cada año (unos 10.000 millones anuales). Solo así será posible frenar el avance de la deuda pública, que llegará a situarse en el entorno del 125% del PIB, frente al 95,5% de 2019.
Con una reducción del déficit de 0,9 puntos del PIB anuales desde 2022 será posible recuperar el nivel de déficit de 2019 hacia 2028, casi una década después. Esto da buena muestra de la magnitud de la crisis provocada por el covid-19 y su impacto sobre las cuentas públicas de España.
Una vez que España consiga controlar el déficit público, tendrá que realizar una larga travesía por el desierto para reducir la deuda pública. Si los gobiernos de turno se conforman con mantener un déficit del 2,8% equivalente al de 2019, entonces España tendrá muy difícil recortar la deuda por debajo del 120% del PIB. Para que el ajuste sea más intenso será necesario llegar a una situación de equilibrio presupuestario (déficit cero y superávit primario) y, aun así, será necesario esperar otra década para volver a los niveles de deuda previos al coronavirus.
No solo eso, también será necesario que el Banco Central Europeo (BCE) mantenga sus programas de estímulo monetario activos durante todos estos años para garantizar financiación barata al Tesoro. Dado el nivel de deuda pública que alcanzará España, cualquier repunte en los tipos de interés supondrá un fuerte incremento del gasto en la factura de la deuda.
Según los cálculos de la AIReF, un incremento de 100 puntos básicos en la prima de riesgo (equivalente a un tipo de interés adicional del 1%) supondrá un coste adicional de 1,5 puntos del PIB en 2048. Este porcentaje, si se toma como base el PIB de 2019, supondría un gasto público adicional de unos 35.000 millones de euros. De ahí la importancia de que el BCE controle las primas de riesgo para que los países periféricos no sufran graves problemas de sostenibilidad de la deuda.// El Confidencial
Publicar un comentario
Todo comentario se agradece, además es no permite seguir trabajando.